miércoles, 28 de diciembre de 2011

La construcción de verdades


LA CONSTRUCCIÓN DE VERDADES

Por Carlos Medina

La noticia de las prácticas ilegales del Grupo Murdoch y el cierre de su exitoso diario News of de Wold, en Gran Bretaña,  ha puesto en discusión los límites legales y éticos de la prensa y  se ha evidenciado la capacidad de daño de las empresas de medios sin límites respecto a la propiedad y su ejercicio.

La construcción de la verdad es una disputa global y en cierta teoría pertenece a quien ostenta el poder, que también la garantiza. En nuestro país cuando se debatía la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual los sectores concentrados reclamaban el uso de parámetros objetivos o sea el potencial económico  para las adjudicaciones de señales y repudiaban la apertura de nuevos concursos basados en los antecedentes y propuestas orientadas al pluralismo.

La Ley 26.522 considera a la comunicación como un bien cultural, garantizando el derecho público a dar, buscar, recibir y difundir información sin censura previa, limitando los desarrollos megamediáticos que muchas veces han condicionado a la República. Además, considera a la información plural como un derecho de todos y no un mero negocio comercial, al menos, en los fundamentos de la ley. Fija límites a la multiplicidad de licencias a niveles nacional y local, en base a los principios de diversidad y pluralidad, planteando la incompatibilidad de titularidad para canales de aire y de cable. Se busca limitar con esto el poder de los multimedios y ese es el camino que debemos seguir.

Sin embargo existen quienes van a la justicia a reclamar que no se desconcentre, que no haya contenidos locales ni mayor pluralismo y que no haya licencias de cooperativas  o de entidades sin fines de lucro, todo ello enarbolando la bandera de la libertad de prensa o la protección al consumidor.
Son los mismos quienes consideran que la Multiplicidad de licencias, permitida por el art. 45 de la ley 26.522, es una muestra de violación al derecho de propiedad previsto por nuestra Constitución Nacional, sólo porque establece limitaciones a la concentración de licencias, fijando topes a la cantidad de las mismas y por tipo de medio. A ningún operador se le permitirá que brinde servicios a más del 35% del total de la población del país.
Al respecto y en respaldo de su constitucionalidad señalamos que la primera premisa a considerar radica en el Principio 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la presencia de Monopolios u Oligopolios en la Comunicación Social y en el Capítulo IV del Informe 2004 de la Relatoría Especial, apartado D, conclusiones, las cuales señalan: que la existencia de prácticas monopólicas y oligopólicas en la propiedad de los medios de comunicación social afecta seriamente la libertad de expresión y el derecho de información de los ciudadanos de los Estados miembros, y no son compatibles con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática.

Con relación a nuestra postura, el 7 de julio en Estados Unidos, la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito (comprende Delaware, Nueva Jersey y parte de Pennsylvania) anuló una norma de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que habría habilitado a una sola compañía a poseer tres canales de televisión, ocho radioemisoras y el monopolio de la prensa diaria en un único mercado local. Según el tribunal, la FCC "no justificó suficientemente los límites numéricos para la propiedad de canales de televisión y emisoras de radio locales, ni la propiedad cruzada de medios entre mercados locales". Lo que significa un duro revés a grandes medios, al confirmar restricciones a la concentración de la propiedad que habían sido derogadas en 2008 por la FCC, la autoridad regulatoria en la materia.

Bajo el principio de que la Federal Communications Commission (FCC) está obligada a promover diversas fuentes de información, el fallo desestimó disposiciones que habían autorizado que, en ciertos casos, diarios accedieran a una licencia de TV o radio en su misma área geográfica de mercado, entre otras modificaciones a normas que habían estado vigentes durante décadas.

El Fallo conocido internacionalmente como “Caso Prometheus II”, dispuso revocar las medidas de la FCC que permitían concentrar el mercado, y ordenó reevaluar el asunto con distintos actores sociales, como las ONG que defienden el derecho a la información, en el marco de la obligatoria consulta pública.

En los meses previos a la elección que ganara Obama, con el argumento de las nuevas condiciones del mercado y avances tecnológicos, la FCC, bajo la administración del republicano George W. Bush, había autorizado cambios en ciertas reglas de juego. Hasta 2008, por ejemplo, un diario de Nueva York tenía vedado el acceso a una licencia de TV abierta con base en Manhattan. Dicha modificación llevó a diversos actores a apelar a la Justicia. Prometheus Radio Project, una ONG fundada en 1998 que opera una autodenominada radio pirata en el oeste de Philadelphia, entabló acciones contra la FCC. Al expediente se sumaron varios actores que cuestionaron aspectos de las modificaciones en uno y otro sentido, pero promoviendo en común la diversidad y el pluralismo.

Martín Becerra, doctor en Comunicación y docente de las Universidades de Quilmes y Buenos Aires, asoció “la derrota legal de la FCC” con el escándalo en los medios de Rupert Murdoch. “Cuando los grandes grupos de medios de comunicación alcanzan una escala tan dominante como la que ostenta News Corp, pueden vulnerar los poderes y los controles del Estado, convirtiéndose estos grupos en un poder más decisivo en algunas áreas que el poder público”. Becerra alertó ante Ámbito Financiero sobre lo nocivo del caso News of the World combinado con la concentración del mercado, que también está en juego en el Reino Unido: “News Corp habría violado derechos y garantías legales de los ciudadanos a la vez que restringe con su dominio de mercado la circulación de voces diferentes a las propias”.

El fallo del tribunal con sede en Philadelphia fue celebrado por las ONG que entablaron la demanda. “La decisión es una gran victoria para el interés público”, se entusiasmó Corie Wright, consejero de Free Press. “El tribunal concluyó que la competencia en los medios, sin más concentración, dará a los estadounidenses la información y las noticias que ellos quieren y necesitan”.

Por ello es auspicioso que en nuestra tierra pronto se llamen a nuevos concursos para  220 medios de televisión, además de la designación de canales para las nuevas televisoras universitarias y provinciales, porque con una sola empresa que maneje el 75 % de los medios ¿Cuántos ciudadanos argentinos se enterarán de lo sucedido objetivamente?, seguramente serán muchos más que antes de la reforma.

Por ello es peligrosa la monopolización porque se ha globalizado la ideología de criminalizar el disenso y ése es sin duda uno de los motores del discurso sobre la posesión de la verdad. Un ejemplo es que se dijo que Irak era el enemigo mundial y se lo bombardeo, destruyó por medio de una cruzada “humanitaria” y protectora del mundo.

En nuestro País se observa el gesto de una sociedad de culpar individualmente a quien no alcanza el éxito, como si fuera su propia responsabilidad y no incidieran factores ambientales o sociales y así indigna la pobreza y la desigualdad social pero hay muchos argentinos que siguen pensando que son pobres al menos en parte, por culpa de ellos mismos.Esta concepción que culpabiliza a la víctima, manejada desde los monopolios mediáticos ha criminalizado la ocupación de tierras, las protestas callejeras y en razón de su peligrosidad  se justifican  acciones violentas de las fuerzas de seguridad como la ejecutada contra la comunidad Qom en Formosa, en el Parque Indoamericano en Capital Federal, o la más reciente en Jujuy en terrenos del Ingenio Ledesma. Así se persuade a los receptores de la noticias que ellos son criminales, peligrosos al sistema y por eso las matamos, lo ajusticiamos, los metemos en la cárcel.

Durante el siglo XX, a partir del desarrollo de grandes medios de comunicación como la radio, la TV o el cine, la lógica imperante en materia comunicativa no concebía a los medios como factores de cambios y movilización social, sino como formas de mantener la estabilidad y reproducir los valores dominantes. Los monopolios u oligopolios mediáticos han perpetuado esta lógica comunicativa para sostener su postura dominante, bajo una normativa que los amparaba y protegía. La des-información ha sido utilizada como medio para adormecer o insensibilizar a la sociedad, reproduciendo una versión de la realidad, su versión.

La nueva ley contempla y entiende a los medios dentro de la diversidad y el pluralismo, que garantizan el cuestionamiento de las verdades construidas, se generan criterios de su verificación social, porque hasta el revolucionario que ostenta el conocimiento y la posesión  de la verdad es tan peligroso como el autoritario, porque en determinado momento ese poder indiscutido no permitirá aceptar el disenso y en contra de esa “verdad” no se le permite hablar a nadie. La respuesta frente a esa dominación no es otra que devolverles a los individuos su identidad, la creencia en sus personas, en sus historias poniendo efectivamente en vigencia la ley sancionada. Mahatma Gandhi dijo una vez: “La verdad es el objetivo; el amor, el medio para llegar a ella”.-

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